Presentó el escrito a las cortes Generales, tal como recoge prensa digital:
ESCRITO AL ECMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DELS DIPUTATS DE LAS CORTES ESPAÑOLAS El señor
Amadeo Martínez Inglés, coronel del Ejército, escritor e historiador militar, se dirige a VOZ y a la Cámara que preside de acuerdo con lo que dispone el artículo 77.1 de la Constitución española manifestante-le el siguiente:
Con fecha de 23 de septiembre de 2005, y de acuerdo con cuánto dispone el artículo 77.1 de la Constitución española, me remití al presidente de esta Cámara en la legislatura anterior, señor
Marín, un exhaustivo Informe (40 páginas) sobre los hechos ocurridos en España en la tarde/noche del 23 de febrero de 1981 (popularmente conocido como el "intento
involucionista del
23-F") en el cual, después de una larga investigación de más de veinte años, presentaba toda una serie de indicios racionales que apuntaban en que el rey
Juan Carlos I fue el máximo responsable de su planificación, coordinación, preparación y ejecución. En consecuencia le solicitaba la creación de una Comisión de Investigación, conforme a lo que establece el artículo 76.1 de la Carta Magna, que, a pesar del tiempo transcurrido y con los máximos poderes, estudiara, investigara y analizara tan
deleznable episodio de la reciente historia de España y depurara las responsabilidades (políticas e históricas, preferentemente) en las que pudo incurrir el monarca español.
En enero de 2006, cuatro meses después del envío del Informe sobre el
23-F al presidente del
Congrés dels Diputats al visto que éste no parecía dispuesto a acusar recepción de lo mismo y, mucho menos, a estudiarlo o debatirlo en la Cambra|Càmera que presidía (aunque me consta que dio traslado del escrito en los diferentes grupos parlamentarios) decidí enviar el prolijo documento al presidente del Senado, señor Vermell|Roig, en del Gobierno de la nación, señor
Rodríguez Zapatero, y en cada uno de los presidentes de las más altas instituciones del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo
d'Estado...etc, etc. Ninguna de las autoridades en la cual iba dirigida el, por lo visto, políticamente incorrecto escrito (a excepción del presidente del Senado, que acusó recepción a través de la Comisión de Peticiones de la Cambra|Càmera) contestó en lo mismo.
Al no obtener ninguna respuesta, tanto del presidente
Marín como de los presidentes de las más altas instituciones del Estado, año y medio después, con fecha de 23 de febrero de 2007, presenté en el
Congrés dels Diputats al mismo Informe solicitante de nuevo la creación de una Comisión que investigara el presunto golpe de estado del
23-F; visto, además, el ocurrido en esta Cámara el día 23 de febrero del año anterior, fecha en la cual se cumplía el vigésimoquinto
aniversario|cumpleaños de tan desgraciado acontecimiento, al rechazar de pleno algunos grupos parlamentarios la nota institucional que pretendía difundir al presidente y que,
como|cómo venía siendo costumbre en los últimos años, señalaba al rey
Juan Carlos como supremo y único "salvador de la democracia y las libertades del pueblo español" puestas en peligro por el
colpista Tejero.
Como consecuencia de todo el anterior y consciente de qué el
Congrés dels Diputats, con su señor presidente al frente, y el resto de autoridades a las cuales no había dirigido el documento nunca se iban a molestar al acusar recepción de lo mismo (si sus señorías no quieren debatir asunto tan espinoso que lo haga la opinión pública, primero nacional y después internacional), he decidido publicar todas mis investigaciones sobre el rey
Juan Carlos en forma de libro ("
Juan Carlos I, el último Borbón".
Styria. Febrero 2008), un extenso trabajo sobre la vida del monarca español en lo que analizo, después de muchos años de estudio y dedicación, no sólo el ya comentado asunto del
23-F sino algunas de las numerosas y graves irregularidades políticas, militares, familiares, económicas ... que ha protagonizado, primero en su juventud y después a lo largo de sus treinta y dos años de reinado. Muchas de estas irregularidades son, obviamente, delitos presuntos y graves que no tienen que quedar escondidos, de ninguna manera, bajo la alfombra de la historia. Como los que relaciono a continuación:
1r. - Un intento de golpe de Estado, ya que a estas alturas está fuera de toda duda que, en otoño de 1980, dio el visto bueno a sus militares cortesanos (los generales Armada y Milanos) que planificaran, organizaran, coordinaran y ejecutaran una maniobra ilegal e inconstitucional político-militar-institucional (el
23-F ya comentado), de acuerdo con determinadas fuerzas políticas del arco parlamentario, con el fin de cambiar el Gobierno legítimo de la nación española y frenar con eso un golpe militar de la extrema derecha castrense. Maniobra que después sería abandonada por él mismo y sus compañeros políticos
ante|delante de el estrafalaria entrada del teniente coronel
Tejero en el
Congrés dels Diputats, poniendo así seriamente peligro de guerra civil en este país.
2n. - La posada|posta en actividad, en 1983, de los batallones de la muerte o grupos de terroristas de Estado denominados GALO (Grupos Antiterroristas de Liberación) para hacer desaparecer (matar o secuestrar) miembros de
ETA, saltándose todas las normas y leyes del estado de derecho y usando las mismas tácticas y técnicas de los separatistas vascos. Grupos de asesinos en sueldo del Estado español que, con el conocimiento y la autorización de la
Cabeza|Jefe del Estado y comandante supremo de LAS HACES españolas, el rey
Juan Carlos, serían organizados y dirigido por los servicios secretos militares (
CESID) alimentándose de funcionarios militares y civiles españoles y mercenarios extranjeros.
3r. - Enriquecerse de una forma exagerada e ilegal hasta convertir a su familia en una de las mayores fortunas de Europa y el mundo, recibiendo sospechosas donaciones y créditos personales desde el exterior y realizando sustanciosos negocios aprovechándose del suyo omnímodo poder institucional y su inviolabilidad ante la ley. Lo que ha propiciado que en treinta años su fortuna se haya elevado, según prestigiosas publicaciones extranjeras (en España el mutismo en todo el en lo referente a la familia real es absoluto), a la importantísima suma de 1.790 millones de euros (300.000 millones de pesetas). Cifra ésta nunca no desmentida por
La Zarzuela.
4t. - Ejercer la corrupción continuada y generalizada, en recibir y aceptar como rey y
cabeza|jefe del Estado regalos y donaciones multimillionarias de empresarios y particulares (yates, coches, petrodólares para apoyar la reconquista de Kuwait ...).
5è. - Desviar fondos reservados del Estado para pagar sus aventuras galantes y los chantajes de alguna de sus numerosas amantes,
como|cómo el que tuvo que hacer frente a partir del año 1994 después de su larga relación amorosa de 15 años de duración con una bella
vedette del espectáculo español. Que nos ha costado a los contribuyentes españoles más de 500 millones de pesetas, pagadas con los fondos reservados del
CESID, Presidencia del Gobierno y Ministerio del Interior.
6. - Un presunto asesinato (el simple homicidio ya fue aceptado a su día por él mismo y su familia) cometido en sus años bocados, ya que el 29 de marzo de 1956, con 18 años de edad y
oye|siente a un distinguido cadete de la Academia General
Militar de Zaragoza, con seis meses de instrucción militar intensiva se sienta haber-allí y otros seis de instrucción premilitar (experto por lo tanto en el uso y manejo de toda clase de armas portátiles del Ejército español) mató, estando sólo con él y en circunstancias muy extrañas que nunca han sido aclaradas, de un
rasgo|tiro en la
cabeza|jefe procedente de su propia arma a su hermano
Alfonso, de 14 años, el preferido de su padre, el señor
Juan de Borbón.
Quien|Quién, según muchos políticos del entorno a éste, iba a ser elegido por el conde de Barcelona para sucederle en sus derechos dinásticos a la corona de España delante del proceder de
Juan Carlos, que ya en estas fechas manifestaba una irregular y
perruna obediencia a
Franco con vistas a acceder al trono saltándose a su propio padre.
En relación con este turbio asunto (que ha permanecido cincuenta años en el más absoluto de los secretos), el mencionado trabajo de investigación desmonta una después de otra todas las hipótesis tejidas a su día por la propia familia de
Juan Carlos y el dictador
Franco para hacer creer a los españoles que todo fue un desgraciado accidente. Supuesto accidente, que nunca fue investigado ni por la justicia portuguesa ni por la española, civil o militar, siendo el homicida en aquellas fechas un profesional, de las Fuerzas Armadas españolas.
De todos estos presuntos delitos cometidos por el rey
Juan Carlos I, que recoge el ya repetidas veces treball|feina de investigación comentado, se presentan abundantes indicios de culpabilidad. De la mayoría de los cuales, por otra parte, han tenido constancia en los últimos años las élites mejor informadas de este país (políticos, periodistas, líderes sociales ...) pero sin atreverse a denunciarlos y, mucho menos, a perseguirlos. El historiador militar que formula el presente escrito ha decidido ahora darlos publicitado en forma de libro para conocimiento de todos los españoles. Libro que por otra parte, pasados ya dos meses desde su publicación, no ha sido desmentido en
cabeza|jefe de sus extremos ni
por|para la propia Casa Real española ni
para|por ninguna autoridad. Hasta el momento también, tanto el Congreso como los otros poderes del Estado han "callado y otorgado".
En vista de eso, constituidas ya las nuevas
Corts Generales salidas de la voluntad popular expresada el 9 de marzo pasado y empezado con eso una nueva legislatura, me dirijo a VOZ como presidente del
Congrés dels Diputats para, en virtud de lo que contempla el ya citado artículo 77.1 de la Carta Magna española, exigir la creación de la ya repetidas veces Comisión solicitada parlamentaria que proceda acto seguido a estudiar e investigar las ya muy claras responsabilidades del monarca español en los hechos comentados anteriormente y que resumo de nuevo:
1r. - La trucada|crida durante años "intento
involucionista del
23-F" y que en realidad no fue tal sino una chapucera maniobra
borbònica de altos quieres, al margen de la Constitución y de las leyes, para cambiar el Gobierno legítimo de la nación en provecho de la Corona.
2n. - La creación y organización de los autoproclamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GALO), compuestos
por|para determinados estamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército (de los cuales el monarca español tuvo conocimiento antes de que empezaran a actuar a través de documentos reservados del
CESID) y que cometieron, con métodos expeditivos criminales, al menos veintiocho asesinatos de Estado y un secuestro.
3r. - El sorprendente y rápido enriquecimiento de su familia (en treinta años ha pasado de la indigencia más absoluta a disponer de una de las mayores fortunas de Europa, según informaciones de toda solvencia que no han sido desmentidas por
La Zarzuela).
4t. - La aceptación continuada de regalos y donaciones por parte de particulares (yates, coches ...) que lógicamente harían a los interesados persiguiendo un poco a cambio.
5è. - Los pagos con fondos reservados de Presidencia del Gobierno y de los ministerios de Defensa e Interior para enfrentar el chantaje de determinada
vedette del espectáculo español, que disponía de comprometedores vídeos sexuales con el rey
Juan Carlos.
6è. - La desgraciada muerte del niño
D. Alfonso de Borbón en "
Vila Giralda" (residencia de los condes de Barcelona a
Estoril) el 29 de marzo de 1956 y que en hilo de los análisis incluidos en el treball|feina de referencia dejan bastante claro que el presunto accidente pudo ser en realidad un fratricidio premeditado. Mis estudios como militar y como experto en armas dejan mucho pocas dudas al respecto. Como tal hecho nunca fue investigado por la justicia (ni portuguesa ni española) exijo, como historiador y ciudadano español, que se obre un proceso esclarecedor sobre lo mismo, exhumando si es preciso los restos del niño que reponen en el Monasterio del
Escorial e interesante del ministerio de Defensa la documentación que pueda obrar sobre aquel homicidio en los arxius|arxivaments de la Academia General
Militar de Zaragoza, con el fin de que expertos judiciales y técnicos en balística y teoría del tret|tir puedan hacer sus evaluaciones y aclarar definitivamente el misterio que enclou|tanca aquél
luctuós acontecimiento de la historia de España. Y dejando abierto el camino para que los jueces establezcan las responsabilidades penales a que todavía se tuviera que enfrentar
Juan Carlos de Borbón, ya que en aquella época no estaba cubierto constitucionalmente por ningún manto de inviolabilidad o irresponsabilidad y sólo era un profesional del Ejército español (cadete de la Academia General
Militar de Zaragoza), sujeto por lo tanto a las leyes penales castrenses.
Responsabilidades que podrían ser de carácter penal sin embargo, con toda seguridad, históricas y políticas ya que si se demostrara la culpabilidad del actual rey de España, ha que reescribir con toda urgencia la historia de este país.
Hasta aquí, señor presidente del
Congrés dels Diputats, los presuntos delitos cometidos por el actual rey de España, tanto en sede ya largo reinado como en sus años juveniles de caballero cadete en la Academia General
Militar. Que este modesto historiador militar y coronel del Ejército no está dispuesto que queden ocultos entre las bambalinas de la historia y sin su correspondiente condena, sea ésta penal, moral o histórica. Por eso le reitero una vez más la solicitud que todos estos hechos sean estudiados, investigados y analizados en profundidad, y cuanto antes mejor,
para|por una Comisión parlamentaria (auxiliada por los correspondientes expertos), ya que sin duda tiene que ser este foro parlamentario, como suprema expresión de la soberanía popular, lo que promueva inicialmente las acciones pertinentes, de tipo judicial o político, que permitan aclarar cuestiones tan graves e importantes. Que afectan en el país en general y, sobre todo, a su historia ya que no deja de ser un auténtico sarcasmo y una burla en el pueblo español que ya figure en los libros de historia de este país como máximo salvador de la democracia y de las libertades de sus ciudadanos aquél que fue el primero al ponerlas en peligro autorizando el golpe de estado del cual, según la angelical teoría oficial, nos salvó en todos.
Ante esta Comisión tendría que comparecer el propio rey
Juan Carlos (ya se pidió su presencia ante el Tribunal Militar de Campamento el año 1982 para que contestara a las acusaciones de golpismo abocades|vessades se sienta contra
para|por algunos acusados y
testigos|testimonios en el golpe del
23-F) ya que una cosa es que su persona sea, a día de hoy, constitucionalmente inviolable y no sujeta a responsabilidad y otra muy diferente el que no pueda y tenga que comparecer delante de los legítimos representantes del pueblo para dar a conocer su versión sobre unos hechos gravísimos de la reciente historia de España en los cuales él ejerció el papel de protagonista absoluto.
Y finalmente, señor presidente del
Congrés dels Diputats, si tanto esta Cambra|Càmera como los otros poderes del Estado optan, una vez más,
por|para tomarse mis denuncias contra el rey
Juan Carlos I a título de inventario, es decir, como si estuvieran formuladas contra el históricamente preclaro e insigne
Alfonso X el Sabio en lugar de a menor gloria del, sin duda, personaje menos docto y ejemplar que en estos momentos ocupa la Dirección del Estado español a título de rey por deseo testicular del dictador
Franc, este historiador militar (que le recuerdo,
para|por si lo ha olvidado, fue
aprisionado|encarcelado y separado abruptamente de la suya carrera|cursa
para|por un ministro de
Defensa de suyo partido, en 1990,
por|para reivindicar, con conocimiento de causa, un Ejército profesional para España; aspiración que consiguió en 1996) se verá obligado moralmente a pedir amparo internacional en la instancia judicial o mediática que
ame|estime oportuna y conveniente, incluido si fuera preciso el Tribunal Penal Internacional. Porque no deja de ser un contrasentido y un horror jurídico que la Audiencia Nacional española, a través de su "juez estrella"
Baltasar Garzón, se dedique a perseguir jefes de estado extranjeros, presuntos a genocidas, terroristas y responsables de crímenes de
lesa humanidad, y no haya trucat|cridat cuando menos a declarar al máximo responsable de los asesinatos de los GALO (crímenes de Estado que no prescriben ni tienen que contemplar en su enjuiciamiento inviolabilidad alguna): el rey
Juan Carlos I. quien|quién recibió precisa y abundante información reservada del
CESID en su momento (la famosa Acta Fundacional y otros documentos) sobre la preparación y pronta puesta en ejecución del renombre "guerra
sucio|bruto" contra
ETA. Y no hizo nada para evitarla.
Y espero, señor presidente, que no tome éstas mis últimas palabras como una amenaza (nunca me permitiría parecida libertad contra el máximo representante del pueblo soberano y tercera autoridad del Estado) sino como una respetuosa advertència|advertiment de un ciudadano español que ha dedicado toda su vida a la defensa de este país, que sólo ha recibido a cambio represiones y disgustos y que, sin duda, como le enseñaron hace ya muchos años en una Academia Militar, no va a
cejar en la lucha
por|para sus ideales y convicciones.
España no puede tener ni un minuto más en la Dirección del Estado a un hombre de pésima catadura moral, homicida confesa (que no ha pagado todavía
por|para su delito), presunto asesino y también, en grado de presunción de momento,
colpista, malversador de fondos públicos y terrorista de Estado.
Le adjunto, señor presidente del Congreso, copia del Informe remitido en septiembre de 2005 y febrero de 2007 a su predecesor en el cargo.
Firmo el presente escrito a
Alcalá de Henares a 4 de abril de 2008
