Elisenda Paluzie: "Saltarse el 9 de agosto es la prueba que la bilateralidad es papel mojado"

Elisenda Paluzie (Barcelona, 1969) es profesora titular de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Dirige el Centro de Análisis Económico y de Políticas Sociales de la UB. Pertenece en la plataforma Soberanía y Progreso y es miembro del Observatorio de la Financiación de Cataluña.


¿Ha existido alguna vez, la voluntad por parte del Estado español de negociar bilateralmente la financiación con Cataluña?

No ha existido nunca, y de hecho, el gobierno del Estado y en concreto Solbes, siempre ha dejado claro que la cuestión de la financiación es multilateral porque se plasma en la Lofca, y a la vez bilateral porque se tienen conversaciones con todas las comunidades autónomas.

¿Por qué entonces desde Cataluña se sigue insistiendo en la bilateralidad, si está todo tan claro sobre el papel?

Los partidos que defendieron el sí al Estatuto tal como quedó después de los acuerdos de La Moncloa nos aseguraron que se había conseguido una financiación bilateral. Su discurso no ha cambiado, pero la realidad, y así lo denunciamos desde la plataforma Economistas para|por el No, es que con el nuevo Estatuto Cataluña perdía todo el poder de negociación en artículos como el 201.1, que establece que las relaciones financieras entre Estado y Generalitat se regularán para|por la Lofca, o el 206.3, donde dice que los mecanismos de nivelación y solidaridad los fija el Estado.

¿Así pues, el Estatuto no contempla ninguna rendija|resquicio que permita la bilateralidad en la negociación de la financiación?

Es cierto que en el Estatuto hay algún artículo que hace referencia a una relación de tipo bilateral. Es el caso de la disposición final primera, que especifica que la comisión mixta de asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat tiene que concretar antes del 9 de agosto del 2008 la aplicación de los preceptos del título de la financiación.

Pero no es en absoluto una novedad, el Estatuto del 79 ya contemplaba las comisiones mixtas.

Efectivamente. Y además, otras comunidades autónomas también las tienen. Con los pactos de financiación del Majestic PP-CiU, inicialmente algunas comunidades gobernadas por el PSOE no aceptaron el acuerdo bilateral con el Estado.

¿Qué posibilidades de negociación bilateral quedan ahora?

Con el Estatuto se perdió el poder de negociación que hubiera significado que la generalidad recaudara los impuestos y después acordara de manera bilateral la contribución a la solidaridad. Los mecanismos de solidaridad los fijará el Estado, el Estatuto lo deja claro. Por lo tanto, lo único bastante real que nos queda es que los partidos catalanes utilicen a sus diputados al Congreso español para vetar los presupuestos, empezando para|por los 25 diputados del PSC.

¿Qué tienen que hacer ahora los partidos?

Concentrarse a determinar que los principios que inspiren esta nueva Lofca representen un cambio sustancial con la ley anterior y una mejora sustancial de la nueva financiación.

¿Es viable, teniendo en cuenta las bases que ha presentado Pedro Solbes?

No, en absoluto. Para empezar, en el documento de bases se afirma claramente que no habrá perdedores, por lo tanto, la mejora para Cataluña sólo vendrá de los recursos adicionales que aporte el Estado al sistema, que en el contexto de crisis actual, es probable que sean mucho pocos.

¿Qué peso tendrá la variable de la población en el reparto de los recursos?

El documento dice que se tendrá en cuenta la población y su evolución. Si este dinero adicional se repartiera sólo en función del porcentaje de población de cada comunidad autónoma, en Cataluña le corresponderían el 17% de estos recursos, mientras que si lo que se tiene en cuenta es el crecimiento de la población en el periodo 1999-2006, le corresponde el 21%. Pero este criterio haría que comunidades como Asturias, que han perdido población, no recibieran nada. Por lo tanto, no se aplicará este segundo criterio más favorable para Cataluña.

¿Usted no prevé avances|anticipos significativos?

No. De hecho, la propuesta de Antoni Castells, que implicaba que sólo se nivelaran los servicios sociales esenciales básicos del estado del bienestar, y que en otros servicios Cataluña pudiera recibir más dinero, ya parece descartada. Con respecto al modelo en sí, aunque el documento es muy genérico, todo parece indicar que se continuará con el mismo tipo de sistema, donde a partir de una serie de variables, cuya principal sigue siendo la población, se determinan las necesidades de gasto.

En cambio, parece que se acepta la propuesta andaluza de separar, como ya se hacía con la sanidad, la educación de los servicios comunes.

Con esta estrategia, Andalucía quiere introducir variables que le son favorables, como el porcentaje de población en edad escolar, y conseguir más recursos de los que le garantiza el sistema actual.

El documento tampoco concreta como se actualice anualmente la cifra de necesidades de gasto de cada territorio. ¿Qué le convendría más en Cataluña en este sentido?

Hasta ahora se han actualizado en función del crecimiento de los ingresos tributarios medios españoles, mientras que en el caso de Cataluña resulta más favorable que se actualizaran en función del crecimiento de la población catalana o de los ingresos tributarios catalanes.

El 9 de agosto ya no será posible concretar los principios sobre financiación, tal como establece el Estatuto. ¿Qué importancia tiene saltarse esta fecha?

Políticamente es simbólico, saltarse el 9 de agosto es la prueba que la bilateralidad es papel mullat.L'executiu español dice que ha cumplido en el sentido que ya ha presentado unos principios, y que si no se llega a un acuerdo antes del 9 de agosto es porque la parte catalana no los acepta.

¿También ha cumplido con la presentación de las balanzas fiscales, todo y que dejando claro que son papel mojado... En Cataluña le valía la pena, conocerlas?

Sí, para que|porque aunque ya teníamos otras balanzas fiscales, como|cómo las del a Generalitat y la Fundación Josep Irla, es importante que por primera vez el Estado presente unas, donde queda patente la solidaridad de los Países Catalanes. En todo caso, es una información valiosa que tiene que servir de referencia para evaluar la mejora, si es que está, de la nueva financiación. Por ejemplo, si sólo mejoramos en 1.000 millones de euros y el déficit fiscal es de 15.000 millones de euros según el Estado en Cataluña en el 2005, la mejora es insignificante. Y en el 2009, el déficit será mucho más elevado.

¿Cuál sería una mejora aceptable en este sentido?

Llegar a tener un déficit del 4,5% del PIB, es decir, reducirlo a la mitad. Sería una mejora de unos 7.500 millones sobre la referencia del 2005, de manera que en el 2009 la cifra absoluta será mayor.

¿Piensa que se volverán a publicar con regularidad?

Lo que se tendría que hacer es poner los datos a disposición de toda la comunidad científica, y que éstas se vayan publicando anualmente para que todos los investigadores podamos hacer estimaciones de balanzas fiscales, que tienen un alto componente subjetivo porque se tienen que hacer diferentes supuestos de distribución de gasto público. No sé si lo harán o no, pero es lo que haría falta hacer si realmente el estado quiere ser transparente.


Entrevista publicada en el semanario El Temps, 28 de julio de 2008